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Hay algunas noticias que se repiten tanto en los periódicos que, pese a su horror, casi estamos acostumbrados a ellas. ¿Cuántas historias de violadores reincidentes hemos leído en la prensa? ¿Cuántas han relatado hasta la extenuación los cronistas de sucesos? Mientras en las mesas de tertulia se reproduce la indignación tras cada nuevo caso, parece que la Justicia se resiste a tomar medidas en un asunto tan escabroso: Los violadores, quizás, tal vez, posiblemente, no pueden ser rehabilitados.

El último acusado de volver a las andadas, al poco de salir de la cárcel tras cumplir su condena, fue José Franco de la Cruz, alias «El Boca».

Desde los medios se asistió a su puesta en libertad,  veintiún años después de violar y asesinar a la niña de 9 años Ana María Jerez. Las peticiones de la familia de la víctima de que se le aplicara la «doctrina Parot», resultaron infructuosas y las advertencias a la salida del delincuente, supuestamente rehabilitado, de nada sirvieron.

Apenas tres meses después de dejar la prisión, el violador volvió a violar. Si se hubiera escuchado a los padres de la niña, los jueces no le habrían «regalado» veintitrés años de libertad, truncada tras su nueva agresión.

Si se hubiesen tenido en cuenta las estadísticas, se le habría estado vigilando. Sin embargo, parece ser que nada de esto es posible, como tampoco que se acepte que los agresores sexuales difícilmente redimibles. ¿Habría que tenerlos encerrados para siempre?

La respuesta de una sociedad que cree en la rehabilitación es que ningún criminal no regenerado debería volver a poner los pies en la calle jamás. ¿O acaso en lo que creemos es en una Ley de plazos?

La Razón

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